En diciembre del 2016, con el voto a favor de la mayoría del Congreso, incluyendo a los priístas, habían sido aprobados estos proyectos

Mexicali, B.C.- | 01:13 |

Un mero show fue lo que hicieron los diputados locales del PRI, PT, PES, PBC y MORENA, al oponerse por meses a la aprobación del famoso dictamen 95, que en términos llanos se trata sólo de un trámite para adecuar las condiciones en que ya, desde hace un año, habían sido aprobados los proyectos de Asociación Pública Privada, incluyendo las desaladoras que garantizarán el agua para la zona costa de Baja California.

En efecto las desaladoras ya se habían aprobado, incluso con los votos de los diputados del PRI, sin embargo al politizarse el ambiente y radicalizarse las posturas de un grupo de rijosos contratados por MORENA, estos diputados quisieron sacar raja al oponerse a una simple modificación para adecuar los dictamenenes de APP a los requisitos de la Ley Federal de Disciplina Financiera requeridos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para de esta manera simular que se habían “puesto del lado del pueblo”, cuando en realidad le dieron la espalda.

Así que una vez más los políticos antepusieron sus intereses partidistas al beneficio de la población, retardando esta modificación por semanas y semanas, con argumentos falsos como el que presentó el diputado del PES, Luis Moreno, que dio a conocer unos supuestos correos de hace una década en los que se mencionaba la intención de que algún día el distrito de agua de Otay pudiera recibir el vital líquido de fuentes alternas como las desaladoras en México, sin embargo estas charlas no tienen nada que ver con los proyectos actuales, ya que la única facultada para aprobar que se pudiera “exportar” el vital líquido es Conagua, con base en algún tratado internacional.

Otro argumento falso para oponerse fue una supuesta deuda que adquiriría el Estado, por 80 mil millones de pesos, cuando la realidad es que ese monto nunca llegará al estado a manera de deuda, sino que la empresa privada construirá con sus recursos la planta desalinizadora y el agua que produzca se venderá al Gobierno del Estado para que éste, a través de las comisiones del agua, la distribuya a los hogares, las empresas, comercios e industria, con su respectivo costo para el usuario, y más allá de eso, pasando el tiempo del contrato, la planta con todas sus instalaciones pasará a manos del Gobierno del Estado.

Lo cierto es que de manera irresponsable, estos diputados que votaron en contra, estuvieron obstaculizando una obra prioritaria para el desarrollo del Estado y el bienestar de la población, ya que el acueducto Río Colorado, que conduce el agua que nos manda Estados Unidos, está a unos cuantos años de ser insuficiente para abastecer a una ciudad como Tijuana y sin una segunda fuente infinita como es el agua desalada del mar, el riesgo de que esta metrópoli se quede sin agua es inminente.