Desaladora de Rosarito tenía acuerdos para vender agua a EU

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Playas de Rosarito.- El vicepresidente de la Junta Directiva del Distrito de Agua de Otay, California, Mark Robak, reveló que el gobierno de Baja California canceló el contrato de la desaladora de Playas de Rosarito -que se llevaría a cabo mediante un esquema de Asociación Público Privada-, en tanto que el consorcio Aguas de Rosarito (integrada originalmente por NSC Agua, NW Water y Degrémont) que tenía la concesión para la construcción y operación de la planta cerró la página en la que concentraba la información del proyecto.

El ejecutivo estadunidense publicó un documento en el que señala que “mientras la situación del agua en la región sigue siendo tan grave como siempre”, el 29 de junio la Comisión Estatal del Agua de Baja California informó a Aguas de Rosarito la cancelación del contrato que se había ejecutado en 2016, cuya primera piedra fue colocada en 2018 por el entonces gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

La Comisión Estatal del Agua (CEA) notificó de la cancelación bajo los argumentos de que el proyecto de 580 millones de dólares, con capacidad de producir 4 mil 400 litros por segundo en dos etapas, iniciaría operaciones a finales de 2019 y se concesionaría a 37 años- “no es financieramente factible debido a aumentos en los costos de construcción, operación y financiamiento”, así como “cambios negativos en los tipos de interés y de cambio de divisas”.

Argumenta también que no es sostenible para el gobierno de Baja California dada su inviabilidad financiera y estaría obligado a cubrir los déficit de costos y adicionalmente presionaría para aumentar las tarifas de agua y afectaría la inversión.

Se solicita a Aguas de Rosarito que haga un inventario de los activos del proyecto, incluidos los 24.2 millones de dólares en que está valuada la propiedad donde se ubicaría la planta -aledaña a la termoeléctrica Benito Juárez de Rosarito-, y costos de derecho de paso, para reconocer el pago de los gastos no recuperables de Aguas de Rosarito.

Contrario a lo que siempre aseguró el ex gobernador Francisco Vega en el sentido de que el agua procesada sería exclusivamente para atender la demanda del recurso en Baja California, el documento publicado por Mark Robak en su cuenta de Twitter indica que el proyecto contemplaba entregar a Estados Unidos 20 millones de los 100 millones de galones diarios que desalaría, a través del Distrito de Otay, en el condado de San Diego.

El director de Aguas de Rosarito, Rubén Sánchez, también aseguró en 2017 que se trataba de un proyecto autosustentable financiado con recursos privados y que estaba “imposibilitado para vender agua desalinizada a Estados Unidos ya que por derecho constitucional solo puede extraerse agua de mar para beneficio exclusivo de la población mexicana”.

El documento de Mark Robak señala que estudios de factibilidad realizados entre 2002 y 2010 concluyeron la necesidad de impulsar un proyecto binacional para atender la demanda en ambos lados de la frontera, pero como el plan no se concretó con recursos públicos la empresa Consolidated Water -una de las participantes en el consorcio que Aguas de Rosarito (que luego vendió la mayoría de sus participaciones a la empresa Blackrock), que se creó para participar en la licitación- planteó una propuesta que ganó el concurso.

Antecedentes

El Contrato de Asociación Público Privada obligaba al consorcio a contratar dos fianzas, una para garantizar la buena construcción de la planta (por 720 millones de pesos) y otra por mil 400 millones para cubrir su operación. Sería construida mediante financiamiento exclusivo de recursos privados, aunque contaba con créditos del Banco de Desarrollo de América del Norte, Nacional Financiera, Banorte y Banobras.

Se había proyectado que la primera etapa concluyera a finales de 2019 y la segunda en julio de 2024, aunque en su momento el director de Aguas de Rosarito aclaró que la fecha podría adelantarse o retrasarse, en función de la demanda del recurso.
Según los acuerdos, el gobierno del estado garantizaba el pago de la contraprestación mensual por 149 millones 312 mil 18 pesos durante 37 años, producto de los ingresos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt).

Consolidated Water desapareció de su página digital la información sobre la planta de Rosarito que calificaba ese proyecto como “la iniciativa más importante que hemos asumido desde la construcción de nuestra planta Blue Hills en las Bahamas en 2005”.En enero de este año, el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez, se pronunció a favor del proyecto pero advirtió que estaría sujeto a que fuera benéfico para la comunidad y no representara un problema ambiental, además aseguró que tendría que ser consensuado con la comunidad rosaritense.

Luego de la publicación del documento por parte del vicepresidente de la Junta Directiva del Distrito de Agua de Otay, California, Mark Robak, el secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, Salomón Faz Apodaca, confirmó al diario Reforma que efectivamente estaban en proceso de notificar del fin del proyecto y reconoció que en algún momento se tendrá que recurrir a la desalación para abastecer la demanda del recurso.


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